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El asesor general de Gobierno, Pedro Goyochea, brindó detalles sobre el proyecto aprobado recientemente por la Legislatura provincial que ratifica el rechazo a los límites establecidos entre La Rioja y San Juan durante la última dictadura militar, y que habilita nuevas acciones para avanzar en la recuperación de territorio que históricamente perteneció a la provincia.
En diálogo con Radio La Ciudad, Goyochea explicó que la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo reafirma la postura histórica de La Rioja respecto al rechazo del Decreto Ley N° 18.004 de 1968, mediante el cual se modificaron los límites provinciales durante el gobierno de facto encabezado por Juan Carlos Onganía.
Según indicó el funcionario, aquella medida implicó la pérdida de aproximadamente 3.000 kilómetros cuadrados de territorio riojano, como resultado de un acuerdo suscripto entre los interventores militares de La Rioja y San Juan.
“Lo que sancionó la Legislatura es una herramienta normativa que permitirá al Ejecutivo activar reclamos en los ámbitos administrativos, judiciales y ante el Congreso de la Nación para defender los límites históricos de la provincia”, señaló.
La ley aprobada contempla además la creación de una comisión especial integrada por legisladores provinciales que tendrá la tarea de recopilar antecedentes históricos, jurídicos y cartográficos vinculados a la antigua delimitación territorial entre ambas provincias.
El objetivo será reunir documentación que respalde el planteo riojano y sirva como fundamento para futuras acciones institucionales.
Goyochea recordó que desde la década de 1970 la provincia mantuvo una postura constante de rechazo a los límites fijados por la dictadura, considerando que fueron establecidos sin la intervención de los organismos constitucionales correspondientes.
El asesor explicó que, de acuerdo con la Constitución Nacional, la definición de los límites entre provincias es una facultad exclusiva del Congreso de la Nación.
“Las cuestiones limítrofes solo pueden ser resueltas por el Congreso a través de una comisión bicameral integrada por diputados y senadores nacionales”, precisó.
Asimismo, aclaró que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría intervenir únicamente para analizar la legalidad del decreto dictado en 1968, pero no para determinar a qué provincia pertenecen los territorios en disputa.
“La Corte puede pronunciarse sobre la validez de la norma dictada durante la dictadura, pero quien tiene competencia para resolver los límites es el Congreso de la Nación”, afirmó.
Entre las zonas alcanzadas por el conflicto territorial, Goyochea destacó el área del Cerro El Potro, un sector que antes de 1968 pertenecía a La Rioja y que posteriormente pasó a integrar la jurisdicción sanjuanina.
Si bien reconoció que existen intereses económicos vinculados a la región, el funcionario sostuvo que el planteo riojano no debe analizarse únicamente desde esa perspectiva.
“No se trata de confrontar con San Juan, sino de tender puentes de diálogo para discutir los límites de manera madura y responsable. Los posibles desarrollos económicos son una cuestión accesoria; el tema central es la defensa del territorio histórico de La Rioja”, remarcó.
Finalmente, señaló que el Gobierno provincial buscará impulsar el debate en los ámbitos institucionales correspondientes con el objetivo de que la discusión sobre los límites vuelva a formar parte de la agenda nacional.
“Lo que buscamos es preservar el territorio provincial y garantizar que cualquier definición se realice respetando la Constitución y los antecedentes históricos que respaldan el reclamo de La Rioja”, concluyó.
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Columna deportiva de Luca Viano
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