Cooperativas de La Rioja advierten que 88 entidades podrían quedar sin funcionar por la suspensión de sus matrículas

La Mesa de Cooperativas de La Rioja cuestionó las medidas dispuestas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) que intiman a las entidades a regularizar su situación administrativa y contable en plazos de entre 30 y 45 días. Advirtieron que 88 de las 139 cooperativas registradas en la provincia atraviesan esta problemática y reclamaron una prórroga, asistencia económica y la apertura de una mesa de diálogo.

En diálogo con el móvil de Radio La Ciudad 94.7, Fernando Gómez, integrante de la Mesa de Cooperativas, explicó que la suspensión de la matrícula implica que las entidades quedan imposibilitadas de desarrollar sus actividades formalmente, acceder a créditos y realizar gestiones ante organismos del Estado, entre otras operaciones.

“Es dramática la situación”, sostuvo al describir las consecuencias que la medida puede generar en las organizaciones que desarrollan actividades productivas, económicas y laborales en distintos departamentos de la provincia.

Reclaman plazos reales para regularizar las cooperativas

Gómez explicó que uno de los principales obstáculos es el costo que implica poner al día la documentación contable y administrativa. Según indicó, un ejercicio contable puede costar entre 400.000 y 500.000 pesos, incluso cuando una cooperativa no registra movimiento económico.

En ese contexto, señaló que las entidades pueden necesitar regularizar varios ejercicios correspondientes a los años 2023, 2024, 2025 y 2026, lo que representa un gasto difícil de afrontar para organizaciones pequeñas que perdieron actividad e ingresos.

“Directamente te está diciendo desaparecé”, expresó al cuestionar los plazos establecidos para completar los trámites.

Desde la Mesa de Cooperativas sostienen que la regularización administrativa es necesaria, pero advierten que debe contemplar la situación económica de cada entidad. También remarcaron que no todas las cooperativas se encuentran en las mismas condiciones y que es necesario distinguir entre aquellas que continúan trabajando y las que no desarrollan actividades.

Por ese motivo, reclamaron prórrogas que permitan cumplir con los requisitos en plazos razonables, además de instancias de diálogo con las federaciones y confederaciones del sector.

Cuestionan la falta de recursos para afrontar los trámites

Durante la entrevista, el referente cooperativista también apuntó contra la situación económica que atraviesan estas organizaciones y sostuvo que la caída de la actividad dificulta mantener al día los balances, los libros y la documentación de las autoridades.

Como parte de sus reclamos al Gobierno provincial, afirmó que durante el año pasado el Estado retuvo 600 millones de pesos correspondientes al sector cooperativo, mientras que hasta septiembre de este año la cifra alcanzaba los 540 millones de pesos, según los datos mencionados por el dirigente.

Gómez aclaró que se trata de recursos generados por el propio sector y no de fondos otorgados por el Estado. En ese sentido, consideró que esos recursos podrían contribuir a resolver parte de las dificultades administrativas que enfrentan las entidades.

El planteo fue dirigido también al Gobierno de La Rioja, al que solicitaron medidas de acompañamiento y fomento para sostener la actividad cooperativa.

Advierten por el impacto en el empleo y las familias

Los representantes de la Mesa de Cooperativas alertaron que detrás de cada entidad hay puestos de trabajo y familias que dependen de sus ingresos. En ese marco, vincularon la situación con la caída de la obra pública, las dificultades de la industria textil y el deterioro de la actividad económica.

Durante el encuentro participaron representantes de distintas experiencias cooperativas de la provincia, entre ellas la escuela recuperada Pestalozzi, organizaciones vinculadas al cuidado de adultos mayores, cooperativas de reciclado y recuperación de residuos, entidades del sector de la comunicación y emprendimientos de electromecánica.

Los referentes destacaron que estas organizaciones cumplen funciones productivas y sociales en sus comunidades, por lo que consideraron que una suspensión generalizada podría profundizar los problemas laborales y económicos.

Además, cuestionaron que las decisiones se adopten sin convocar previamente a las entidades afectadas para analizar su situación particular y establecer alternativas de regularización.

Piden la intervención del INAES y evalúan acciones judiciales

La Mesa de Cooperativas anticipó que buscará respuestas tanto a nivel nacional como provincial. En el ámbito nacional, reclamará ante el INAES el levantamiento de la medida, mientras que en La Rioja solicitará la intervención de las autoridades responsables del área de economía social para impulsar mecanismos de asistencia.

Asimismo, los representantes indicaron que evalúan posibles acciones judiciales para obtener protección frente a una resolución que, según sostienen, pone en riesgo la continuidad de numerosas organizaciones.

Gómez también advirtió que la suspensión de las matrículas puede debilitar la estructura del movimiento cooperativo, ya que las dificultades de las entidades de base repercuten en las federaciones y, a su vez, en las confederaciones.

Finalmente, los referentes insistieron en la necesidad de convocar a las cooperativas, federaciones y confederaciones a una mesa de diálogo que permita evaluar cada caso, establecer plazos viables y garantizar la continuidad de las fuentes de trabajo.

“Somos una solución y no un problema”, remarcaron desde el sector, al defender el papel de la economía social en la generación de empleo y el desarrollo productivo de La Rioja.