El Gobierno acelera las negociaciones para suspender las PASO y busca cerrar un acuerdo antes de noviembre
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La resolución se originó en los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) contra el Estado nacional. En su decisión, el magistrado dispuso que el Poder Ejecutivo implemente las medidas necesarias para garantizar los recursos previstos por la legislación para las universidades nacionales.
La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente fue aprobada por el Congreso en 2025, luego de que el Poder Ejecutivo intentara frenarla mediante un veto. El Congreso insistió con la iniciativa y la convirtió en ley, pero su aplicación quedó posteriormente condicionada por el Decreto 759/2025.
La Ley 27.795 tiene como objetivo garantizar el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el país. Entre sus disposiciones contempla recursos destinados al funcionamiento de las instituciones, las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes, además de programas vinculados con el ingreso, la permanencia y la terminalidad de los estudiantes.
Uno de los puntos centrales del conflicto está relacionado con la recomposición de los salarios del personal universitario. La legislación establece que la actualización debe contemplar la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC durante el período establecido por la norma.
También contempla la actualización de los programas de becas destinados a estudiantes universitarios.
El enfrentamiento entre las universidades y el Gobierno nacional se profundizó durante los últimos meses a partir de las diferencias sobre la implementación de la ley.
En junio, el Gobierno, el CIN y los gremios universitarios habían alcanzado un acuerdo que contemplaba un incremento de la masa salarial y modificaciones en los fondos destinados a gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y becas. Sin embargo, las universidades consideraron que esas medidas no alcanzaban para cumplir con lo establecido por la legislación.
En ese contexto, el juez Cormick ya había ordenado al Estado cumplir con determinados artículos de la Ley 27.795 y había advertido sobre la posibilidad de establecer multas ante eventuales incumplimientos.
Ahora, con la nueva resolución, la Justicia declaró inconstitucional el mecanismo utilizado por el Ejecutivo para mantener suspendida la aplicación de la ley y ordenó avanzar con su cumplimiento.
El conflicto se desarrolla en un escenario de fuertes reclamos de las universidades nacionales y de los sindicatos docentes y no docentes, que vienen reclamando una recomposición salarial y mayores recursos para garantizar el funcionamiento de las instituciones.
La situación también derivó en medidas de fuerza y movilizaciones a nivel nacional. En las últimas semanas, los gremios universitarios profundizaron sus reclamos ante la falta de acuerdo con el Gobierno.
El nuevo fallo representa, de esta manera, otro revés judicial para la administración de Javier Milei en la disputa por el financiamiento de las universidades públicas y vuelve a colocar al Poder Ejecutivo ante la obligación de ejecutar una ley sancionada por el Congreso.
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