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El ministro de Seguridad, Miguel Zárate, brindó detalles en Radio La Ciudad sobre los cuatro allanamientos realizados en la Capital. La investigación se inició a partir de denuncias de víctimas que señalaron préstamos con intereses abusivos, amenazas y retención de bienes como parte de la modalidad utilizada.
El ministro de Seguridad de la provincia, Dr. Miguel Zárate, habló con Radio La Ciudad sobre el operativo realizado durante la jornada del martes en la Capital, que derivó en cuatro allanamientos simultáneos y la detención de cuatro personas, en el marco de una investigación por presuntos delitos de usura y amenazas.
Según explicó el funcionario, la investigación se inició a partir de las denuncias realizadas por personas que manifestaron ser víctimas de préstamos de dinero con intereses abusivos, amenazas y retención de bienes como mecanismo para garantizar el cobro de las deudas.
Los procedimientos fueron realizados por personal de la División de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia, en coordinación con el Juzgado de Instrucción N.º 2.
Como resultado, fueron detenidas tres personas de nacionalidad colombiana y una argentina, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Además, durante los allanamientos se secuestraron distintos elementos vinculados con la actividad investigada, entre ellos más de 30 millones de pesos, vehículos, bienes muebles y armas de fuego.
Zárate explicó que una de las modalidades detectadas consiste en otorgar préstamos informales con intereses excesivos y exigir bienes como garantía. Cuando las víctimas no pueden afrontar las cuotas, aparecen las amenazas y distintas formas de presión para concretar el cobro.
El ministro también señaló que existen otras modalidades vinculadas con la firma de pagarés en blanco, boletos de compraventa, contratos sobre vehículos y propiedades y formularios 08, que posteriormente pueden ser utilizados para intentar apropiarse de bienes cuyo valor supera ampliamente el dinero originalmente prestado.
“Muchas veces le prestaban 100.000, 200.000 o 300.000 pesos y después el usurero se terminaba quedando con una moto de 2 o 3 millones de pesos”, ejemplificó.
El titular de la cartera de Seguridad destacó que uno de los principales objetivos es que las personas que atraviesan este tipo de situaciones se animen a denunciar.
En ese sentido, explicó que la División de Delitos Económicos cuenta con personal capacitado para recibir las denuncias y asesorar a las víctimas. A partir de allí, la Policía pone la situación en conocimiento de la Justicia, que debe determinar las medidas correspondientes.
Zárate sostuvo que durante mucho tiempo este tipo de hechos fueron abordados como conflictos civiles y no necesariamente como delitos, situación que, según indicó, habría permitido que algunas maniobras continuaran mediante la ejecución judicial de pagarés o contratos.
El ministro afirmó que viene manteniendo conversaciones con distintos actores del sistema judicial para que estas situaciones sean analizadas teniendo en cuenta la posible existencia de una maniobra delictiva organizada.
Según señaló, en las últimas intervenciones comenzaron a observarse criterios diferentes por parte de algunos fiscales y jueces, lo que permitió avanzar en investigaciones y medidas de protección para las víctimas.
“Lo que hay que cortar es definitivamente esta cadena delictiva”, sostuvo Zárate, quien consideró que podrían existir más personas afectadas que todavía no realizaron denuncias.
Respecto de la continuidad de la causa y la posibilidad de que la organización investigada tenga ramificaciones en otras localidades, Zárate aclaró que la investigación quedó en manos del juzgado interviniente, que será el encargado de determinar las próximas medidas.
El ministro remarcó finalmente la importancia de que las personas que estén atravesando situaciones de préstamos abusivos, amenazas o pérdida de bienes recurran a las autoridades y realicen la denuncia correspondiente.
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