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El COFEDIS solicitó extender la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y manifestó su preocupación por las modificaciones incluidas en el proyecto presupuestario nacional. La iniciativa propone cambios en las pensiones por invalidez laboral, su compatibilidad con el empleo y el financiamiento de las prestaciones.
El Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) expresó su posicionamiento institucional a favor de prorrogar la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 y manifestó su preocupación por las modificaciones previstas en el proyecto de Presupuesto Nacional para ese año.
Desde La Rioja acompañaron el pedido y remarcaron que garantizar los derechos de las personas con discapacidad requiere políticas públicas sostenidas, presupuesto adecuado y compromiso federal.
La preocupación se vincula, entre otros puntos, con los artículos 36 al 41 del proyecto presupuestario, que plantean modificaciones a la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N.º 27.793 y a otras normas relacionadas con las prestaciones.
Entre los cambios propuestos, el artículo 36 establece que la pensión no contributiva por invalidez laboral equivalga al 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado. Por su parte, el artículo 37 propone que esa pensión sea incompatible con mantener un vínculo laboral formal o estar inscripto en el régimen general o simplificado vigente.
El proyecto también modifica el esquema de financiamiento de las prestaciones y establece cambios en la organización del sistema de atención integral. En este último punto, propone que los valores de los aranceles sean determinados por cada ente obligado, mientras que, para las prestaciones a cargo del Estado nacional, la Secretaría Nacional de Discapacidad los establecería trimestralmente.
Además, el artículo 41 del proyecto de Presupuesto Nacional 2027 propone derogar los artículos 5, 8, 9 y 14 de la Ley N.º 27.793 de Emergencia en Discapacidad. Las disposiciones alcanzadas están vinculadas con la creación de una pensión específica, la cobertura de salud, la conversión de pensiones anteriores y el esquema de aranceles para las prestaciones.
Frente a este escenario, el COFEDIS planteó la necesidad de que cualquier reforma garantice la continuidad de las pensiones, prestaciones, apoyos y derechos vigentes. También reclamó evaluar integralmente el impacto presupuestario y evitar que las provincias y los municipios deban asumir nuevas responsabilidades sin los recursos correspondientes.
El organismo insistió, asimismo, en la importancia de garantizar la consulta y participación de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan, además de fortalecer los mecanismos de información y seguimiento presupuestario.
Desde La Rioja, el mensaje fue contundente: “La discapacidad no puede ser una variable de ajuste. Los derechos no admiten retrocesos”.
Las modificaciones mencionadas forman parte de un proyecto de ley presupuestaria, por lo que su inclusión no significa que ya hayan sido aprobadas. El pedido de prórroga y las observaciones del COFEDIS se enmarcan en el debate sobre la continuidad de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad.