Día Mundial del Corazón: el doctor Ariel Danon destacó la importancia de los controles y la prevención periódica.
...
En el marco de una actividad de capacitación, Claudia Cesaroni abordó las problemáticas vinculadas con la violencia estatal y su impacto sobre distintos grupos considerados vulnerables.
En diálogo con el móvil de Radio La Ciudad 94.7, explicó que la violencia institucional no se limita a los golpes o la tortura, sino que también puede manifestarse a través del maltrato, la estigmatización y determinadas prácticas de los agentes estatales.
“Son las acciones que realizan agentes del Estado, integrantes de fuerzas de seguridad, integrantes del Poder Judicial también, sobre todo cuando se aplica el poder punitivo del Estado”, explicó.
Cesaroni señaló que estas situaciones pueden producirse durante una detención, en establecimientos policiales o penitenciarios, durante traslados o en procedimientos realizados en la vía pública. También remarcó que existen formas de violencia que no son físicas y que pueden estar vinculadas con la falta de comprensión de las problemáticas que atraviesan determinados grupos.
La especialista sostuvo que la violencia estatal es una problemática transversal y que no debe ser asociada exclusivamente con determinados lugares o instituciones.
En ese sentido, planteó la importancia de contar con mecanismos de registro y seguimiento de las situaciones de violencia, para poder identificar patrones y trabajar sobre ellos.
“No se puede combatir lo que no se conoce”, afirmó.
Como ejemplo, mencionó los controles policiales en la vía pública y cuestionó las prácticas que pueden estar atravesadas por la estigmatización de determinados jóvenes a partir de su apariencia, vestimenta o lugar de procedencia.
Según explicó, registrar esas situaciones permite detectar prácticas que requieren una intervención específica y desarrollar capacitaciones para que las fuerzas de seguridad conozcan los límites de su accionar.
Cesaroni también mencionó distintas experiencias de control interno y externo de las fuerzas policiales, mecanismos de prevención de la tortura y observatorios que incorporan la participación del Estado y de organizaciones sociales.
Otro de los ejes de la entrevista fue la nueva legislación penal para adolescentes. Cesaroni expresó una postura crítica respecto de la reducción de la edad de punibilidad y sostuvo que, junto con otras organizaciones y personas que trabajan en la temática, considera que la medida es “inconstitucional y regresiva”.
La especialista cuestionó especialmente lo que definió como una expansión del poder punitivo del Estado sobre los adolescentes.
Según explicó, la legislación anterior dejaba fuera del sistema penal determinadas conductas que tenían penas inferiores a dos años de prisión, además de aquellas sancionadas con multa, inhabilitación o de acción privada.
Cesaroni sostuvo que algunas situaciones habituales entre adolescentes, como peleas entre compañeros, amenazas realizadas en contextos escolares o daños menores, podían ser abordadas anteriormente en ámbitos como la escuela sin necesidad de recurrir al sistema penal.
“Ahora puede ser sometido a proceso penal un adolescente porque se pelea con un compañero o porque le dice ‘a la salida te voy a buscar’”, señaló.
Para la capacitadora, uno de los principales problemas de la nueva normativa es que incorpora al sistema penal conductas que, desde su perspectiva, no revisten gravedad suficiente y que podrían ser abordadas mediante otras herramientas.
La jornada buscó, de este modo, poner en discusión las prácticas de las fuerzas de seguridad y otros actores estatales frente a situaciones que involucran a adolescentes y otros grupos en condiciones de vulnerabilidad, con el objetivo de promover intervenciones respetuosas de los derechos humanos.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
