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En diálogo con Radio La Ciudad 94.7, Alejandro Quintero, integrante de Relaciones Institucionales de la Policía de La Rioja, explicó cómo funciona actualmente la alcaidía y cuáles son los mecanismos disponibles para garantizar la atención y los derechos de las personas privadas de su libertad.
La entrevista se produjo luego de la difusión pública de un comunicado anónimo que cuestionaba algunos aspectos del funcionamiento del establecimiento. Quintero señaló que, ante esas publicaciones, desde la institución consideraron necesario brindar precisiones a la sociedad sobre las condiciones de alojamiento y las medidas de seguridad que se aplican.
Uno de los puntos abordados fue la restricción al ingreso de determinados elementos, como papel y lapiceras. El funcionario explicó que la medida responde a cuestiones de seguridad y que no significa que los internos carezcan de mecanismos para realizar reclamos o comunicarse.
En ese sentido, detalló que las personas alojadas pueden recibir la visita de sus familiares en los días y horarios establecidos y también cuentan con la posibilidad de ser asistidas por sus abogados. Además, aseguró que existe un equipo de profesionales a disposición durante las 24 horas.
Quintero remarcó que las personas privadas de su libertad continúan teniendo derechos que deben ser resguardados y mencionó entre ellos la alimentación y la atención profesional. Según explicó, los internos reciben cuatro comidas diarias y cuentan con personal destinado a su cuidado.
Durante la entrevista, Quintero también explicó qué tipo de personas son alojadas en la alcaidía. Diferenció entre quienes ingresan por infracciones contravencionales y aquellas personas privadas de su libertad por causas penales.
En el primer caso, mencionó situaciones ocurridas en la vía pública que constituyen contravenciones y no delitos, como una gresca sin lesiones. Para estos casos existe un sector específico dentro de la dependencia.
También son alojadas personas que fueron detenidas por la presunta comisión de delitos y que, en su mayoría, todavía no cuentan con una condena firme. El funcionario indicó que pueden estar vinculadas tanto con causas de la Justicia ordinaria como del fuero federal, incluidos casos relacionados con estupefacientes.
Quintero confirmó además que las personas detenidas son trasladadas a la alcaidía y que las demás comisarías no funcionan como lugares de alojamiento permanente para detenidos.
Otro de los aspectos destacados fue el sistema de videovigilancia instalado en la alcaidía. Quintero evitó precisar cuáles son exactamente los sectores alcanzados por las cámaras por razones de seguridad, aunque indicó que fueron ubicadas estratégicamente.
Según explicó, el sistema permite monitorear tanto las condiciones de las personas privadas de su libertad como el accionar del personal policial que cumple funciones dentro del establecimiento.
Las imágenes son monitoreadas desde el Ministerio de Seguridad y también desde la Jefatura de Policía. Quintero sostuvo que este mecanismo constituye una herramienta de resguardo para los internos, sus familias, los efectivos y la propia institución.
Como ejemplo, señaló que ante una eventual situación de autoflagelación de una persona detenida, las cámaras permiten contar con un registro objetivo de lo ocurrido y determinar las circunstancias del hecho.
Quintero también destacó que el servicio médico y el área de sanidad policial se encuentran próximos a la alcaidía, lo que permite contar con personal preparado para intervenir ante cualquier situación que requiera atención.
A esto se suma, según indicó, la disponibilidad de profesionales durante las 24 horas para atender las necesidades de las personas alojadas.
Finalmente, confirmó que se mantiene el régimen habitual de visitas y remarcó que se trata de un derecho de los internos. Si bien durante la entrevista no precisó los días y horarios específicos, señaló que el esquema continúa vigente y que los responsables de la alcaidía mantienen un control estricto sobre su cumplimiento.
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