Fabiana Ávila, secretaria de Comunicaciones de la Asociación de Maestros y Profesores, aseguró que las diferencias dentro del gremio vienen desde hace varios años y se profundizaron a partir de cuestionamientos sobre la representación de delegados. También cuestionó la realización de una asamblea pese a una medida judicial y anticipó que continuará la vía legal.

El conflicto interno en la Asociación de Maestros y Profesores (AMP) se profundizó en las últimas semanas a partir de diferencias entre integrantes de la conducción y un sector que cuestiona distintas decisiones adoptadas por la organización sindical.

En diálogo con Radio La Ciudad 94.7, la secretaria de Comunicaciones de AMP, Fabiana Ávila, sostuvo que las diferencias no surgieron por el actual proceso electoral, sino que se arrastran desde hace entre dos y tres años.

Según explicó, el sector que actualmente se encuentra en oposición había planteado críticas con el objetivo de contribuir al funcionamiento y crecimiento del sindicato. Sin embargo, afirmó que las diferencias se profundizaron durante una asamblea realizada en diciembre, cuando se discutió la representación de delegados departamentales y escolares.

Ávila señaló que en aquella oportunidad se intentó avanzar sobre la representación de los delegados del interior, algo que, según su interpretación, podía afectar la participación de los afiliados dentro de la estructura sindical.

Cuestionamientos por la representación de delegados

La dirigente también cuestionó la decisión de anular la elección de algunos delegados escolares. Explicó que, en su caso, fue elegida como delegada de la Escuela 398 en septiembre del año pasado y que posteriormente presentó documentación para acreditar el respaldo de los afiliados.

De acuerdo con su relato, tanto ella como el delegado escolar Julio Flores fueron notificados de la decisión de dejar sin efecto sus representaciones. Ávila sostuvo que la medida fue adoptada por integrantes de la junta ejecutiva y cuestionó que no se haya convocado a una asamblea para resolver la situación.

"Están lesionando los derechos de los afiliados", afirmó durante la entrevista, al referirse a las decisiones adoptadas dentro de la organización.

La secretaria de Comunicaciones también sostuvo que existen pedidos de afiliados de distintas escuelas para elegir delegados que, según denunció, no fueron atendidos.

La disputa por la asamblea y la junta electoral

Otro de los puntos centrales del conflicto está relacionado con la asamblea en la que debía definirse la junta electoral encargada de intervenir en el proceso de renovación de autoridades de AMP.

Ávila afirmó que existía una resolución judicial que disponía la suspensión por diez días del tratamiento relacionado con la situación de los delegados cuestionados y la evaluación de nuevas elecciones en determinadas escuelas.

Según sostuvo, pese a esa medida, la asamblea se habría realizado. La dirigente afirmó además que el encuentro no tuvo carácter presencial en la sede sindical de Dalmacio Vélez 337, tal como indicaba la convocatoria, y señaló que integrantes del sector permanecieron en el lugar sin poder ingresar.

Ávila aclaró que todavía no habían tenido acceso a la resolución de esa asamblea y, por ese motivo, dijo desconocer formalmente qué decisiones fueron adoptadas.

En ese marco, cuestionó que la junta electoral ya se encuentre trabajando y sostuvo que su sector no puede convalidar el proceso mientras se encuentre vigente la controversia judicial.

El conflicto continuará por la vía legal

La dirigente afirmó que el sector que representa continuará recurriendo a la Justicia para intentar resolver el conflicto y sostuvo que también presentaron documentación ante el Ministerio de Capital Humano de la Nación.

"Estamos esperando la comparecencia de ellos ante el Ministerio para decir cuáles son las justificaciones por las que están actuando como están actuando", manifestó.

Ávila sostuvo que las decisiones cuestionadas podrían entrar en conflicto con normas vinculadas a la actividad sindical y mencionó, entre otras, la Ley 23.551, el estatuto de AMP, convenios de la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución Nacional.

Además de la disputa institucional, la dirigente vinculó el conflicto con la situación laboral de los docentes y cuestionó las condiciones salariales y de trabajo que atraviesa parte del sector.

Como ejemplo, mencionó el caso de una docente embarazada que, según relató, continúa asistiendo a la escuela pese a indicaciones médicas de tomar licencia debido a la pérdida de ingresos que implicaría dejar de percibir el denominado IPE.

Ávila sostuvo que el conflicto excede la elección de autoridades y planteó que la discusión de fondo pasa por el modelo de organización sindical y los mecanismos de representación de los afiliados.