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La abogada Cecilia Sturzenegger se refirió a la situación institucional del Consejo Profesional de Ciencia Política de La Rioja y explicó los alcances del amparo presentado ante la Justicia, mediante el cual se solicita avanzar con un proceso de normalización y elecciones bajo control de legalidad.
En diálogo con el móvil de Radio La Ciudad, Sturzenegger señaló que el amparo fue resuelto favorablemente y que la medida judicial establece la necesidad de normalizar la institución para avanzar posteriormente con un proceso electoral de acuerdo con las condiciones establecidas por la ley que creó el Consejo.
La abogada aclaró además que, al tratarse de una institución creada por ley, no corresponde la intervención de Inspección General de Justicia, por lo que la situación debe resolverse dentro del marco judicial planteado.
Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con la vigencia de las autoridades del Consejo. Según explicó Sturzenegger, existe una comisión cuyo mandato se encuentra vencido desde hace más de seis años, situación que, según sostuvo, genera cuestionamientos sobre la validez de los actos realizados durante ese período.
A esta situación se suma la necesidad de garantizar la vigencia de las matrículas profesionales. La abogada explicó que una importante cantidad de los profesionales matriculados trabaja en la administración pública y que el Ministerio de Hacienda exige contar con una matrícula vigente para mantener el correspondiente ítem salarial.
En este sentido, indicó que el Consejo cuenta con más de 100 profesionales matriculados y que más de la mitad se desempeña en el Estado provincial. Por ese motivo, se solicitaron nuevas medidas cautelares para evitar que los profesionales sufran un perjuicio mientras se resuelve la situación institucional.
El pedido apunta a que, hasta que pueda concretarse el proceso electoral, se mantengan en statu quo las matrículas de los profesionales que trabajan para el Estado, al menos hasta diciembre, período vinculado con las exigencias administrativas vigentes.
Sturzenegger también cuestionó el nuevo resolutorio judicial mediante el cual se establece una comisión normalizadora integrada por tres representantes de quienes promovieron el amparo y tres integrantes de la comisión cuyo mandato se encuentra vencido.
Según planteó, esta conformación genera un perjuicio para la parte que impulsó el reclamo judicial, debido a que consideran que el proceso debería contar con una figura independiente que garantice el control de legalidad.
En ese sentido, sostuvo que se solicitó que intervenga un tercero designado por la Justicia, ya sea un interventor u otra figura que el Poder Judicial considere adecuada, para llevar adelante el proceso de normalización y garantizar que las futuras elecciones se desarrollen conforme a la legislación.
La abogada remarcó que el planteo busca que exista congruencia entre lo solicitado en el amparo y las medidas adoptadas posteriormente por la Justicia, con el objetivo de alcanzar una salida institucional que permita regularizar definitivamente el funcionamiento del Consejo Profesional de Ciencia Política.