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El ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de La Rioja, Dr. Miguel Zárate, se refirió a la problemática de la usura clandestina e ilegal y aseguró que las fuerzas de seguridad trabajan para combatir este tipo de delitos, a partir de las denuncias realizadas por personas que aseguran haber sido víctimas de prestamistas informales.
Zárate explicó que estas organizaciones se aprovechan de la necesidad económica de las familias para otorgar préstamos con intereses abusivos y obtener ganancias exorbitantes. Según detalló, en muchos casos utilizan mecanismos que calificó como “garantías extorsivas”, entre ellos la firma de documentación en blanco, pagarés y la retención de documentación vinculada a propiedades, vehículos y otros bienes.
El funcionario advirtió que posteriormente esos documentos pueden ser utilizados para iniciar reclamos judiciales por deudas cuyo origen, según sostuvo, es ilegal. Esto puede derivar incluso en embargos sobre los salarios de trabajadores y empleados públicos.
El ministro señaló que, por disposición del gobernador, las fuerzas de seguridad fueron instruidas para intervenir ante estos casos y que la División de Delitos Económicos de la Policía se encuentra disponible para recibir las denuncias.
Zárate aclaró que, una vez recibida una denuncia, se pone en conocimiento al juez o fiscal correspondiente y es la Justicia la que determina las medidas a adoptar.
En ese sentido, cuestionó que durante mucho tiempo algunas denuncias relacionadas con este tipo de hechos hayan sido archivadas y advirtió que esto puede generar que los prestamistas posteriormente intenten ejecutar judicialmente documentos firmados por las víctimas.
Como ejemplo de los procedimientos recientes, Zárate destacó un operativo realizado la semana pasada, en el que se concretó un allanamiento a partir de una investigación por presunta usura.
Durante el procedimiento se encontraron $170 millones y 98 tarjetas de débito, documentación que, según explicó el ministro, pertenecería a personas que podrían haber sido víctimas de estos mecanismos.
“Posiblemente con 100 víctimas en una sola persona”, señaló Zárate al dimensionar el alcance que podría tener la actividad investigada.
El ministro sostuvo que existen numerosas personas que se dedicarían a este tipo de actividad clandestina y remarcó la importancia de que quienes atraviesen situaciones similares se animen a realizar la denuncia.
Zárate también relató algunos casos que, según indicó, muestran el nivel de vulnerabilidad al que pueden quedar expuestas las víctimas.
En uno de ellos, una persona recibió un préstamo de $5 millones y debía devolverlo mediante cuotas con intereses considerados abusivos. Como garantía, habría firmado un boleto de compraventa de una propiedad valuada en aproximadamente $80 millones.
Según explicó el ministro, la persona estuvo al borde de perder el inmueble como consecuencia del mecanismo utilizado para garantizar el préstamo.
También mencionó otro caso que involucró a un ciudadano colombiano, denunciado bajo un mecanismo similar. En esa situación, la garantía era un terreno que posteriormente habría quedado en poder del prestamista.
De acuerdo con Zárate, en ese caso se logró detener al acusado, proteger el inmueble y restituir la libertad patrimonial de la víctima.
Finalmente, el ministro transmitió un mensaje tanto a las personas que fueron víctimas como a quienes realizan este tipo de prácticas.
Pidió a quienes se encuentren atravesando situaciones de usura que se acerquen a realizar la denuncia para que las fuerzas de seguridad puedan investigar y poner los casos a disposición de la Justicia.
“Si una persona, una víctima, los denuncia, nosotros los vamos a ir a buscar, los vamos a allanar, los vamos a detener, siempre y cuando la Justicia nos acompañe”, afirmó Zárate.
El funcionario sostuvo que el objetivo final es proteger a las víctimas, liberarlas de deudas ilegales y permitir que recuperen la posibilidad de decidir libremente sobre su patrimonio.
En ese marco, insistió en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad y la Justicia para avanzar contra los esquemas de préstamos clandestinos y garantizar una respuesta efectiva frente a las denuncias.
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