La jueza Ana Carla Menem, a cargo de la Sala Unipersonal de la Cámara Cuarta en lo Civil y Comercial de La Rioja, explicó los alcances de una sentencia que hizo lugar a un reclamo presentado por más de medio centenar de suscriptores de planes de ahorro contra una empresa administradora, en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor.

En diálogo con Radio La Ciudad, la magistrada señaló que la resolución se fundamenta en la protección que brindan la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial de la Nación, normas que consideran al consumidor como la parte más vulnerable en este tipo de contrataciones.

"La resolución busca proteger al consumidor frente a cláusulas abusivas y garantizar su derecho a recibir información clara y suficiente al momento de contratar", sostuvo.

Cómo se resolvió el conflicto

Menem explicó que, previamente, la Justicia había dictado una medida cautelar que ordenó retrotraer el valor de las cuotas al monto vigente al momento de la contratación, en 2018.

Al resolver el fondo de la causa, la jueza dispuso que las cuotas que aún restan pagar se actualicen únicamente conforme al índice de inflación, al considerar que esa metodología resulta más equilibrada para ambas partes.

"Retrotraer indefinidamente el valor de las cuotas también generaría un perjuicio para la otra parte. Lo justo es que la actualización se realice siguiendo la inflación", indicó.

Más de 50 consumidores iniciaron la demanda

La causa fue promovida por un grupo de más de 50 suscriptores, quienes reclamaron contra una misma administradora de planes de ahorro.

Según explicó la magistrada, aunque los demandantes pertenecían a distintos planes y grupos de ahorro distribuidos en todo el país, todos mantenían la misma modalidad de contratación y accionaron contra la misma empresa administradora.

Daño punitivo de $2 millones por consumidor

Uno de los aspectos más relevantes del fallo fue la aplicación de un daño punitivo de dos millones de pesos para cada demandante.

Menem aclaró que esta figura no constituye una indemnización, sino una sanción económica destinada a castigar el incumplimiento y desalentar conductas similares por parte de las empresas.

"El daño punitivo tiene una finalidad ejemplificadora. Busca desarticular este tipo de comportamientos cuando se advierten cláusulas abusivas y violaciones al deber de información", explicó.

La importancia de conocer el contrato

Finalmente, la jueza recomendó a quienes evalúan suscribir un plan de ahorro exigir información clara sobre las condiciones del contrato, la forma de actualización de las cuotas, las posibilidades de rescisión y las obligaciones de cada una de las partes intervinientes.

Asimismo, recordó que quienes consideren vulnerados sus derechos pueden presentar reclamos tanto ante los organismos de Defensa del Consumidor como ante la Justicia, con el fin de que se determine si existieron incumplimientos o prácticas abusivas por parte de las empresas administradoras.