Tras el rechazo expresado por la Cámara de Diputados de San Juan, la documentación histórica y legislativa demuestra que La Rioja sostuvo de manera ininterrumpida durante más de cinco décadas el rechazo a la Ley Nacional N° 18.004. Desde la sanción de la Ley Provincial N° 3.468 en 1974 hasta los sucesivos proyectos impulsados en el Congreso de la Nación por representantes de distintos espacios políticos, la Provincia mantuvo una posición institucional constante en defensa de sus límites históricos.


La declaración aprobada por la Cámara de Diputados de San Juan en rechazo al planteo impulsado por La Rioja reabrió una controversia histórica cuyos antecedentes documentales muestran que la provincia riojana nunca aceptó ni convalidó la modificación de sus límites establecida durante la dictadura militar de Juan Carlos Onganía.


Lejos de tratarse de un reclamo reciente, la defensa de los derechos territoriales de La Rioja constituye una política institucional sostenida durante más de cincuenta años por sucesivos gobiernos, legisladores nacionales y provinciales, independientemente de los signos políticos.


Los antecedentes históricos indican que en 1911 representantes de ambas provincias suscribieron un acuerdo mediante el cual San Juan reconoció el límite histórico derivado de la Real Cédula de 1563, tomando como referencia el paralelo 30° de latitud sur. Ese criterio permaneció sin cuestionamientos durante 57 años.


Recién en 1968, durante el gobierno de facto encabezado por Juan Carlos Onganía, se dictó la Ley Nacional N° 18.004, que modificó unilateralmente los límites provinciales sin la intervención del Congreso de la Nación ni el procedimiento constitucional previsto para resolver este tipo de controversias.

La Rioja rechazó la norma desde el primer momento


La documentación legislativa demuestra que la Provincia nunca aceptó aquella decisión.
En 1974, la Legislatura de La Rioja sancionó la Ley Provincial N° 3.468, mediante la cual rechazó formalmente la Ley Nacional N° 18.004 y desconoció el acuerdo firmado en 1968 por los interventores militares de ambas provincias.


Ese mismo año, el entonces diputado nacional Raúl Galván impulsó un proyecto de derogación de la Ley N° 18.004 en el Congreso de la Nación, iniciativa que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.


Sin embargo, el golpe de Estado de 1976 interrumpió el funcionamiento democrático del Congreso y el proyecto nunca pudo ser tratado por el Senado.

Un reclamo sostenido durante décadas


La posición institucional riojana continuó en los años posteriores.


Durante su gestión como gobernador, Carlos Menem dispuso que no se difundieran mapas oficiales que reprodujeran los límites establecidos por la Ley N° 18.004, al considerar que no reflejaban la posición histórica de La Rioja.


Posteriormente, ya como senador nacional, presentó proyectos para derogar esa norma en 2006 y nuevamente en 2010, insistiendo en la necesidad de dejar sin efecto una ley dictada por un gobierno de facto.


Ese mismo objetivo fue impulsado también desde la Cámara de Diputados de la Nación. En 2006, los diputados nacionales Adrián Menem, Mario Santander, Alejandra Oviedo y Julio César Martínez presentaron el Expediente N° 0314-D-2006, proponiendo la derogación de la Ley Nacional N° 18.004 por haber sido dictada durante un gobierno de facto y afectar los derechos territoriales de La Rioja.


Asimismo, los mismos legisladores promovieron el Expediente N° 0315-D-2006, mediante el cual propusieron la creación de una Comisión Bicameral Especial del Congreso de la Nación destinada a reunir y analizar los antecedentes históricos, jurídicos, geográficos y cartográficos del conflicto limítrofe entre La Rioja y San Juan para avanzar hacia una solución definitiva.


Estos antecedentes demuestran que la defensa de los límites históricos de La Rioja trascendió gobiernos y partidos políticos, constituyéndose en una verdadera política de Estado sostenida por representantes de distintas fuerzas políticas a lo largo de las últimas décadas.

El Digesto Jurídico no consolidó la ley de facto


Otro de los puntos que sustentan la posición riojana es la situación jurídica del denominado Digesto Jurídico Argentino.


Si bien en 2014 la Ley N° 26.939 incorporó la Ley N° 18.004 al Digesto, posteriormente la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que dicha norma no se encuentra vigente, por lo que tampoco puede sostenerse que haya otorgado validez definitiva a la legislación dictada durante la dictadura militar.


Ese antecedente, sostienen los impulsores del proyecto aprobado por la Legislatura riojana, mantiene plenamente abierta la discusión sobre los límites interprovinciales y habilita la intervención del Congreso de la Nación conforme a los mecanismos previstos por la Constitución Nacional.

Una posición institucional


Desde esta perspectiva, el proyecto recientemente aprobado por la Cámara de Diputados de La Rioja no crea un nuevo conflicto ni modifica límites provinciales de manera unilateral.


La iniciativa ratifica la vigencia de la Ley Provincial N° 3.468, reafirma los derechos territoriales históricos de la provincia, faculta al Poder Ejecutivo a impulsar las acciones institucionales correspondientes ante el Congreso de la Nación e instruye a la Fiscalía de Estado a promover las medidas judiciales necesarias para resguardar los recursos naturales existentes en la zona en disputa.


La secuencia histórica refleja que, desde 1974 hasta la actualidad, La Rioja sostuvo una misma posición institucional: rechazar la Ley Nacional N° 18.004 por haber sido dictada por un gobierno de facto y reclamar que la cuestión limítrofe sea resuelta por los mecanismos constitucionales y democráticos previstos para este tipo de controversias.

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