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El abogado riojano integraba una delegación internacional que buscaba relevar denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos. Asegura que fueron retenidos, impedidos de ingresar al país y posteriormente enviados de regreso a Argentina.
El abogado riojano Martín Illanez relató la experiencia que vivió junto a una misión internacional de observación de derechos humanos que intentó ingresar a Bolivia para relevar denuncias sobre presuntas violaciones a las garantías fundamentales en medio del conflicto social y político que atraviesa ese país.
En Radio La Ciudad, Illanez explicó que formaba parte de una delegación integrada por organizaciones de derechos humanos, referentes sociales, legisladores y personalidades reconocidas en el ámbito internacional, entre ellos el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
“La misión tenía como único objetivo observar, escuchar testimonios y verificar denuncias que vienen realizando organismos de derechos humanos, sindicatos, pueblos indígenas y organizaciones sociales de Bolivia”, explicó.
Según relató, la delegación ingresó inicialmente sin inconvenientes a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, al arribar posteriormente a la ciudad de La Paz, los integrantes de la misión fueron interceptados por autoridades migratorias y de seguridad.
“Nos hicieron descender del avión mientras el resto de los pasajeros permanecía a bordo. Nunca nos explicaron formalmente cuál era el motivo de la retención ni nos notificaron ninguna infracción”, aseguró.
Illanez sostuvo que algunos integrantes de la delegación sufrieron la retención de documentación y que incluso intentaron demorar a un ciudadano boliviano que formaba parte de la misión.
Tras varias horas de incertidumbre, los integrantes fueron obligados a regresar a Santa Cruz y posteriormente enviados en otro vuelo hacia Argentina, sin que, según denunció, existiera una comunicación oficial por escrito que justificara la medida.
“Nos deportaron de hecho, pero nunca recibimos una notificación formal que explicara la decisión”, afirmó.
El abogado señaló que la misión había sido convocada a partir de denuncias presentadas por organismos de derechos humanos bolivianos, que reportan presuntas detenciones masivas, personas heridas y fallecidas durante protestas sociales.
Según indicó, la información recibida por la delegación hablaba de cientos de personas privadas de la libertad y una situación de fuerte conflictividad social.
“No íbamos a emitir juicios previos. Nuestra tarea era únicamente observar y verificar si las denuncias eran compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos”, remarcó.
Para Illanez, la negativa a permitir el ingreso de observadores internacionales genera más interrogantes sobre la situación que atraviesa el país vecino.
“Cuando se impide el ingreso de una misión de observación, quedan más preguntas que respuestas sobre lo que está ocurriendo”, expresó.
Tras su regreso al país, el abogado confirmó que junto a otros integrantes de la delegación continuarán realizando presentaciones ante organismos internacionales para solicitar que se garantice el acceso de observadores independientes a Bolivia.
El objetivo, explicó, es que puedan verificarse las denuncias existentes y elaborarse informes que eventualmente sean elevados a organismos regionales e internacionales de protección de derechos humanos.
“Hay familias que denuncian haber perdido seres queridos y personas que aseguran haber sufrido graves vulneraciones de derechos. Es fundamental que organismos independientes puedan observar lo que está sucediendo”, sostuvo.
Finalmente, Illanez aseguró que la experiencia fortaleció su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la necesidad de promover instancias de diálogo y observación internacional en contextos de conflictividad social.
“La defensa de los derechos humanos no tiene banderas partidarias. Se trata de proteger la dignidad de las personas y garantizar que los derechos fundamentales sean respetados”, concluyó.
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