Durante la entrevista, el especialista explicó que la violencia de género no se limita únicamente a las agresiones físicas, sino que abarca distintas formas como la violencia psicológica, económica, sexual, política y vicaria, esta última vinculada al daño provocado a los hijos como forma de venganza contra la mujer. En ese marco, recordó que la legislación argentina contempla mecanismos de protección para prevenir situaciones de riesgo.
Mayorga señaló que la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres establece distintas medidas cautelares que pueden disponer los jueces, entre ellas la restricción perimetral y la entrega del botón antipánico. Este dispositivo permite alertar de forma inmediata a una central de monitoreo cuando la víctima se encuentra en una situación de peligro, activando la intervención de las fuerzas de seguridad.
Según explicó, el sistema funciona mediante un dispositivo —similar a un teléfono móvil— conectado a una central de control que recibe la señal de alerta y deriva rápidamente el caso a la policía cuando el agresor viola las medidas de restricción o se acerca a lugares donde tiene prohibido hacerlo, como el domicilio de la víctima, su lugar de trabajo o la escuela de sus hijos.
El abogado indicó que la normativa no establece un límite estricto de tiempo para estas medidas de protección, por lo que tanto las perimetrales como el botón antipánico pueden renovarse todas las veces que sea necesario, de acuerdo con la evaluación judicial del riesgo que enfrenta la víctima.
Consultado sobre la efectividad de este sistema, Mayorga sostuvo que, de acuerdo con datos de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el botón antipánico ha permitido prevenir numerosos casos de violencia y evitar situaciones que podrían haber terminado en homicidios. No obstante, remarcó que el sistema requiere mejoras constantes y mayor capacitación de los organismos encargados de intervenir.
En ese sentido, también mencionó la importancia de la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género para funcionarios y trabajadores de los tres poderes del Estado, con el objetivo de mejorar la respuesta institucional frente a estas problemáticas.
Finalmente, el abogado subrayó la importancia de denunciar y buscar ayuda ante situaciones de violencia. Señaló que muchas víctimas permanecen paralizadas por el miedo o la presión del entorno, lo que dificulta romper el círculo de violencia. Por ello, recomendó recurrir tanto a la asistencia judicial como a acompañamiento psicológico para poder comprender el riesgo y avanzar en la protección de la víctima y su entorno familiar.
El especialista advirtió que los femicidios no solo implican la pérdida de una vida, sino que también generan profundas consecuencias sociales, especialmente en los casos en los que quedan hijos huérfanos, por lo que insistió en la necesidad de actuar con rapidez y reforzar los mecanismos de prevención.
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