El abogado José Mayorga analizó los alcances de la nueva ley 27.801, que establece el régimen penal para menores en Argentina y fija la edad de imputabilidad a partir de los 14 años. La norma fue publicada en el Boletín Oficial el pasado 9 de marzo y ya se encuentra vigente en todo el territorio nacional.

Durante su participación en el segmento jurídico del programa Mañanas de Radio, el letrado explicó que la legislación establece que el régimen penal será aplicable a adolescentes de entre 14 y 18 años.

“Esta ley establece que el régimen penal de menores es aplicable a personas adolescentes de 14 a 18 años de edad. Si el menor no ha cumplido los 14 años, no puede ser sometido a proceso penal”, señaló Mayorga.

En ese sentido, indicó que cuando un hecho involucra a menores de edad, el primer paso de la Justicia es identificar a los responsables y verificar la edad. Si el implicado tiene menos de 14 años, no puede ser juzgado penalmente, aunque sí puede haber responsabilidades civiles.

“En esos casos, el Código Civil establece que los padres deberán responder por los daños que un hijo menor cause a un tercero”, explicó.

El abogado también se refirió a las dificultades que genera la aplicación de la nueva normativa, especialmente por la falta de espacios adecuados para alojar a menores en conflicto con la ley penal. La legislación prevé que la Nación, junto con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realicen inversiones para crear centros especiales de detención.

“No pueden estar en cárceles comunes junto con adultos. La ley establece que deben construirse lugares específicos para menores”, afirmó.

En el caso de La Rioja, Mayorga indicó que actualmente se utiliza de manera provisoria la Comisaría del Menor y la Mujer para estos casos, aunque reconoció que se trata de una solución transitoria.

Según explicó, los menores en conflicto con la ley representan un porcentaje muy bajo dentro del total de delitos registrados.

“Las estadísticas indican que los menores representan alrededor del 2% del total de personas en conflicto con la ley penal”, precisó.

Por otra parte, el abogado consideró que la ley fue aprobada con demasiada rapidez y sin un debate profundo entre especialistas.

“Fue una ley que salió muy a las apuradas, sin la discusión necesaria. Hay muchos profesionales de las ciencias jurídicas, sociales y penales que podrían haber aportado a una normativa más completa”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que la normativa establece que los casos donde estén involucrados menores deben tratarse con estricta reserva para proteger su identidad.

“La ley es clara en ese punto: los hechos en los que participan menores deben manejarse con la mayor reserva posible para resguardar su identidad”, concluyó.

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