El conflicto interno en la Asociación de Maestros y Profesores (AMP) sumó un nuevo capítulo luego de que la Justicia hiciera lugar a un amparo sindical y anulara la asamblea en la que se había elegido la Junta Electoral del gremio. Ariel Correa, referente de la Agrupación Naranja e integrante de la actual conducción en disidencia, celebró la resolución y aseguró que el fallo obliga a restablecer las condiciones de participación de los sectores que habían sido excluidos.

En diálogo con Radio La Ciudad 94.7, Correa explicó que la resolución del Juzgado Laboral N° 6 era esperada por el sector opositor y sostuvo que su dictado se demoró debido a diferentes presentaciones y recusaciones impulsadas durante el proceso judicial.

Según relató, la controversia se originó cuando la conducción de AMP realizó una asamblea provincial de delegados escolares pese a que existía una medida cautelar que ordenaba suspenderla. El encuentro se habría desarrollado de manera virtual el pasado 18 de septiembre, sin acatar la disposición judicial y, de acuerdo con su denuncia, impidiendo la participación de representantes del sector disidente.

Correa cuestionó especialmente la elección de la Junta Electoral y sostuvo que su integración no garantizaba la imparcialidad necesaria para conducir el proceso electoral. En ese sentido, señaló que la persona designada como presidenta tendría vínculos con la actual Junta Ejecutiva y habría contado con licencia gremial durante varios años.

El dirigente afirmó que el fallo judicial anuló esa asamblea y, como consecuencia, las decisiones adoptadas a partir de ella, incluida la conformación de la Junta Electoral.

Denuncian irregularidades en el proceso electoral

Durante la entrevista, Correa enumeró una serie de irregularidades que, según afirmó, fueron presentadas como pruebas ante la Justicia. Entre ellas mencionó la exclusión de delegados escolares de Capital y del interior, las dificultades para elegir representantes de los docentes jubilados y cuestionamientos sobre la confección de los padrones.

También puso en duda la modalidad de votación prevista, al señalar que una parte importante del proceso se realizaría mediante planillas que serían trasladadas por presidentes de mesa y fiscales en vehículos oficiales.

Para Correa, estas condiciones afectan la transparencia y la participación democrática de los afiliados. “La democracia es poder ir a expresar nuestro voto y elegir lo que queremos para los próximos cuatro años”, manifestó.

Una oposición que busca disputar la conducción después de décadas

El referente de la Agrupación Naranja explicó que el espacio opositor se conformó con representantes de distintos departamentos de la provincia y mencionó la participación de José María Bustamante, quien encabezó otro sector opositor en elecciones anteriores.

En ese marco, cuestionó la continuidad de la actual conducción, encabezada por Rogelio De Leonardi, y sostuvo que existe un amplio sector de docentes que reclama una renovación institucional.

Correa afirmó que la docencia riojana necesita que el gremio recupere su protagonismo en las discusiones salariales y laborales. Entre las principales demandas mencionó la convocatoria a paritarias, la recomposición del salario básico, la salud laboral, las jubilaciones docentes y las condiciones de infraestructura de los establecimientos educativos.

“Los afiliados ya no quieren más una conducción de 42 años”, expresó, al cuestionar lo que considera una falta de respuestas de la actual dirigencia frente a los reclamos del sector.

Los plazos que establece el fallo y el futuro de las elecciones

Respecto de los próximos pasos, Correa indicó que la resolución judicial establece un plazo de diez días para avanzar con la reincorporación de los delegados que, según denunció, fueron privados de su representación institucional y convocar a elecciones de delegados escolares en toda la provincia, tanto para docentes activos como jubilados.

Asimismo, cuestionó que desde la actual conducción se estuviera difundiendo información que, a su entender, generaba confusión entre los afiliados sobre el alcance de la resolución judicial.

El dirigente advirtió que existe preocupación en su sector ante la posibilidad de que la conducción actual presente nuevas acciones para demorar el cumplimiento del fallo.

Según el cronograma electoral que mencionó durante la entrevista, las elecciones podrían realizarse la próxima semana y la nueva Junta Ejecutiva asumiría el 10 de diciembre. Sin embargo, esos plazos dependerán del cumplimiento de las disposiciones judiciales y del desarrollo de las instancias pendientes.

El reclamo salarial, en el centro de la disputa

Finalmente, Correa sostuvo que la disputa institucional no debe desplazar las necesidades urgentes de los trabajadores de la educación. Afirmó que los salarios actuales no alcanzan para cubrir los gastos mensuales y reclamó que AMP vuelva a sentarse en una mesa paritaria para discutir una recomposición salarial.

En ese sentido, consideró que la demora en la resolución del conflicto interno termina perjudicando directamente a los docentes, que esperan respuestas sobre sus condiciones laborales y económicas de cara al cierre de 2026 y al comienzo del próximo ciclo lectivo.

“Los únicos perjudicados son los docentes”, sostuvo, y pidió a la actual conducción que respete la resolución judicial y permita avanzar hacia una elección transparente.

Correa concluyó que el objetivo de su espacio es lograr una renovación de la conducción sindical y recuperar una agenda gremial centrada en los salarios, los derechos laborales y las demandas de los docentes riojanos.

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