Bordagaray presentará un proyecto para transparentar la adjudicación de viviendas sociales en La Rioja

Uno de los principales objetivos es que los criterios de prioridad se apliquen de manera objetiva y automática, evitando que las decisiones dependan de la discrecionalidad de los funcionarios.

Información pública y protección de datos personales

El proyecto contempla la creación de un portal público, gratuito y de acceso libre, sin necesidad de registro previo, para que cualquier ciudadano pueda consultar el padrón, conocer la posición de los expedientes, revisar el historial de movimientos y verificar la autenticidad de la información.

Además, cada postulante recibirá notificaciones automáticas ante cualquier modificación de su puntaje o ubicación en la lista de espera. También tendrá la posibilidad de presentar impugnaciones dentro de un plazo de 30 días hábiles.

En materia de privacidad, la iniciativa establece que la información incorporada a la cadena pública se limitará a los datos del procedimiento, como número de expediente, puntaje, posición, fecha y motivo. Los nombres, DNI y datos de salud permanecerán en sistemas seguros del Estado, en cumplimiento de la Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales.

Sanciones y controles sobre las adjudicaciones

Entre las disposiciones más relevantes, el proyecto establece que toda adjudicación que no cuente con un registro previo en blockchain será considerada nula. También contempla sanciones para quienes alteren u omitan información del sistema.

A su vez, propone conformar una Comisión de Seguimiento y Auditoría integrada por representantes del Ministerio de Vivienda, la Defensoría del Pueblo, diputados de la mayoría y la minoría, el Colegio de Abogados y organizaciones de la sociedad civil. Este organismo tendrá reuniones públicas para garantizar el control y seguimiento del funcionamiento del registro.

Un plazo de 18 meses para su implementación

La iniciativa establece un plazo máximo de 18 meses para la puesta en funcionamiento pleno del sistema, con una etapa piloto inicial. También prevé que el código fuente sea abierto y que la Provincia cuente con nodos propios de validación.

Los municipios podrán adherir a la propuesta y recibir asistencia técnica gratuita para incorporar esta tecnología a sus respectivos sistemas de gestión.

Como antecedente, el proyecto toma la experiencia de Bahía Blanca, que en 2017 implementó un registro basado en blockchain para la asignación de subsidios. La propuesta de Bordagaray busca trasladar ese modelo al ámbito de la vivienda social con alcance provincial y deja abierta la posibilidad de extenderlo en el futuro a otras áreas del Estado, como licitaciones y subsidios.

La iniciativa ingresará formalmente a la Cámara de Diputados en la sesión prevista para el 19 de noviembre, donde comenzará su recorrido legislativo.