Fernando Rejal respaldó el reclamo de La Quiaca ante las restricciones al comercio fronterizo

El senador nacional por La Rioja, Fernando Rejal, manifestó su respaldo al planteo del intendente de La Quiaca, Dante Velázquez, frente a las medidas dispuestas por el Gobierno nacional que modifican las condiciones del comercio en zonas de frontera. Durante una reunión, el jefe comunal expuso las dificultades que, según advirtió, podrían afectar el empleo y los ingresos de numerosas familias de esa ciudad jujeña.

A través de sus redes sociales, Rejal señaló que recibió un informe sobre la situación local y coincidió con los cuestionamientos expresados por Velázquez en una solicitada dirigida a las autoridades nacionales. El reclamo apunta a las consecuencias económicas y sociales que las nuevas restricciones podrían generar sobre las actividades de abastecimiento y el intercambio comercial fronterizo.

“Cuando se debilita la economía popular de frontera, el daño se extiende a toda la comunidad y reduce sus posibilidades de permanecer, producir y progresar en su tierra”, sostuvo el legislador al adherir a los planteos del intendente.

En la misma línea, Rejal hizo propias las palabras de Velázquez respecto de la responsabilidad del Estado nacional en la protección de las comunidades fronterizas: “Cuidar a quienes sostienen la vida en la frontera es una responsabilidad de toda la Nación”.

Las restricciones de ARCA y su impacto en la economía local

El conflicto se originó a partir de la Resolución General 5910/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que introdujo modificaciones al régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo de Exportación. Entre sus disposiciones, la normativa estableció un límite de 150 dólares diarios por poblador y restricciones para el traslado de determinados productos, incluidos granos y mercaderías acondicionadas en envases de diez kilogramos o más.

Desde el municipio de La Quiaca advirtieron que las medidas podrían repercutir sobre comerciantes, transportistas, trabajadores de carga y descarga y otras personas que dependen directa o indirectamente del movimiento económico entre esa ciudad y Villazón, en Bolivia.

Ante esta situación, Velázquez impulsó una acción de amparo ante la Justicia Federal para solicitar la revisión de la normativa y una medida cautelar que suspenda las restricciones cuestionadas.

Por su parte, el Gobierno nacional dispuso una postergación de 120 días para la aplicación de algunas de las nuevas limitaciones, vinculadas con el egreso de determinados granos y de mercaderías en envases de diez kilogramos o más. Sin embargo, el límite diario de 150 dólares por persona continúa vigente, por lo que el conflicto no quedó resuelto.

En paralelo, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, mantuvo reuniones con el intendente y representantes de la Cámara de Comercio de La Quiaca para coordinar gestiones ante la Nación y avanzar en una mesa de trabajo interinstitucional. El objetivo es encontrar una salida que contemple los controles aduaneros y, al mismo tiempo, resguarde la actividad económica y las fuentes laborales de la región.

Un reclamo que trasciende a La Quiaca

El respaldo expresado por Rejal suma una voz legislativa nacional al reclamo de las autoridades quiaqueñas, que buscan que las particularidades económicas y sociales de las localidades fronterizas sean consideradas al momento de definir las regulaciones.

La discusión plantea el desafío de compatibilizar los controles sobre el comercio con la realidad de las comunidades que dependen del intercambio cotidiano para sostener sus ingresos. En ese escenario, el reclamo de La Quiaca pone en el centro la defensa del trabajo, la continuidad de los pequeños circuitos comerciales y las posibilidades de desarrollo de las familias que viven en la frontera.