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El Gobierno de La Rioja presentó un balance de las políticas implementadas en materia de seguridad, con eje en la inversión en equipamiento, la incorporación de personal, la modernización tecnológica y los cambios institucionales. Según los datos difundidos por la gestión provincial, los recursos destinados al área superan los $8.000 millones.
El plan contempla la adquisición de patrulleros, sistemas inteligentes de videovigilancia y monitoreo territorial, con el objetivo de ampliar la capacidad operativa de las fuerzas y mejorar la prevención del delito en todo el territorio provincial.
En materia de recursos humanos, la gestión informó la incorporación de 1.224 efectivos policiales y penitenciarios. Además, destacó un incremento del 80% en la formación de oficiales respecto de la década 2010-2019, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la profesionalización y la estructura de mandos superiores.
Inteligencia artificial y análisis criminal
La modernización tecnológica constituye otro de los ejes centrales del programa. En ese marco, se desarrolló el Sistema Policial de Estadística Criminal de La Rioja (SIPEC LAR), destinado a recopilar y analizar información delictiva para contribuir a la planificación de las tareas preventivas.
De acuerdo con lo informado por el Gobierno, la herramienta incorpora análisis predictivo basado en inteligencia artificial para identificar patrones delictivos y mejorar la toma de decisiones. A esto se suma el anillo digital provincial, que utiliza cámaras inteligentes para detectar vehículos con pedido de secuestro y personas prófugas.
La estrategia busca integrar información, tecnología y despliegue territorial para optimizar la capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad.
Operativos y estadísticas delictivas
Entre los resultados presentados, la gestión señaló que los operativos vinculados con la lucha contra el narcotráfico aumentaron un 88% entre 2021 y 2025.
Asimismo, sostuvo que los registros policiales y los informes nacionales ubican a La Rioja entre las provincias con menores tasas delictivas del país, por debajo de la media nacional.
Una nueva estructura institucional
En el plano normativo, el Gobierno destacó la aprobación de la primera Ley de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la provincia. Según lo informado, la normativa establece un sistema integrado que articula el trabajo de la Policía, el Servicio Penitenciario y un nuevo órgano de Auditoría y Control Externo.
La incorporación de esta instancia busca supervisar el accionar de las fuerzas desde fuera de sus estructuras, con el propósito de fortalecer los mecanismos de control y la transparencia institucional.
La reforma también contempla un rediseño de la organización policial y una mayor coordinación entre los distintos componentes del sistema de seguridad provincial.
Participación vecinal y coordinación entre organismos
La política de seguridad incluye, además, mecanismos de participación ciudadana. En ese sentido, se implementaron Juntas de Seguridad Vecinal en barrios considerados estratégicos, con el objetivo de que los vecinos puedan plantear necesidades y coordinar acciones con el Ministerio de Seguridad y la Policía.
También se formalizó el Consejo Provincial de Seguridad, un ámbito que reúne a municipios y organismos estatales para articular medidas y definir respuestas conjuntas ante las problemáticas del sector.
Desde el Gobierno provincial señalaron que el modelo se apoya en cuatro ejes: presencia territorial, capacidad de respuesta, incorporación de tecnología y proximidad con la comunidad.
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