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El Gobierno de La Rioja formalizó ante la Justicia Federal su pedido para constituirse como parte querellante en la causa CFP 3960/2026, que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 11 y en la que se investiga el presunto manejo irregular de recursos destinados al sistema vial nacional.
La presentación fue impulsada por el gobernador Ricardo Quintela, junto al fiscal de Estado Segundo Rodríguez y el fiscal de Estado adjunto Gustavo Ibarra, con el patrocinio jurídico del abogado Jorge Yoma.
Según sostiene el escrito, estarían involucrados más de $1 billón de pesos correspondientes al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), fondos que tenían como destino el financiamiento, construcción y mantenimiento de rutas nacionales.
La denuncia alcanza al presidente Javier Milei, al ministro de Economía Luis Caputo y a otros funcionarios nacionales. La investigación busca determinar si los recursos fueron retenidos, redireccionados o utilizados para otros objetivos vinculados al esquema fiscal y financiero del Gobierno nacional, en lugar de ser aplicados a las obras viales previstas.
La presentación judicial encuadra provisoriamente las conductas denunciadas en distintos delitos contemplados por el Código Penal.
Entre ellos se encuentran la defraudación en perjuicio de la Administración Pública, el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Desde la Provincia solicitaron que el Ministerio Público Fiscal profundice la investigación y avance con las medidas probatorias necesarias para determinar las eventuales responsabilidades penales y civiles.
La pretensión de La Rioja incluye además la restitución de los recursos que, según plantea la presentación, correspondían a las provincias afectadas por el presunto desfinanciamiento vial.
El escrito presentado ante la Justicia Federal pone especial énfasis en el impacto que la paralización de obras nacionales tiene sobre la infraestructura y la conectividad de La Rioja.
Uno de los principales proyectos señalados es el Paso Internacional Pircas Negras, sobre la Ruta Nacional 76, considerado estratégico para el desarrollo del Corredor Bioceánico que conecta la provincia con Chile. La obra presenta, de acuerdo con la documentación incorporada a la presentación, un avance físico del 77,48%.
También se menciona la nueva Ruta Nacional 73, que permitirá mejorar la conexión entre La Rioja y Chilecito. La obra registra avances del 88,96% en una de sus secciones y del 64,25% en otra, pero permanece paralizada.
A esto se suma el túnel y ensanche de la Ruta Nacional 75, en la zona de Los Sauces, que alcanzó un 73,96% de ejecución antes de quedar interrumpido.
La presentación provincial también advierte sobre el estado de distintas rutas nacionales que atraviesan el territorio riojano, entre ellas las Rutas Nacionales 38, 78, 79 y 141.
Según sostiene el Gobierno provincial, la falta de intervención y mantenimiento por parte del Estado nacional obligó a La Rioja a destinar recursos propios para atender el deterioro de estas trazas.
Para la Provincia, esta situación no solo afecta la circulación y la seguridad vial, sino que también tiene consecuencias sobre actividades económicas estratégicas como la producción olivícola y vitivinícola, la minería y el turismo.
La incorporación de La Rioja como querellante busca que la Provincia tenga participación activa en el proceso judicial y pueda impulsar medidas destinadas a esclarecer el destino de los fondos viales y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
La causa continuará ahora su trámite ante la Justicia Federal, donde deberán analizarse las pruebas y determinarse si existieron efectivamente irregularidades en la administración y aplicación de los recursos destinados al sistema vial nacional.
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