La Función Legislativa fortalece el trabajo de los Concejos Deliberantes
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La diputada provincial Lourdes Ortiz explicó los alcances de la ley que suspendió por 180 días las ejecuciones prendarias en La Rioja y sostuvo que la medida busca brindar un plazo de gracia a las familias que atraviesan dificultades económicas y tienen bienes puestos como garantía de créditos.
En diálogo con Radio La Ciudad, Ortiz señaló que la iniciativa surgió en el marco de las conversaciones mantenidas con el gobernador Ricardo Quintela frente al escenario de endeudamiento y morosidad que atraviesan numerosas familias argentinas.
La legisladora explicó que la Provincia no tiene competencia para modificar las condiciones originales de las deudas, pero sí puede establecer una ventana de tiempo para evitar que determinados bienes sean ejecutados mientras los deudores buscan regularizar su situación.
“Le queremos proporcionar a la comunidad que esté atravesando por esta situación, donde ya tenga en riesgo sus bienes por la garantía, este plazo de gracia para poder organizarse y poder cumplir”, sostuvo.
La suspensión alcanza a las ejecuciones de bienes que fueron entregados como garantía prendaria y tendrá una duración de seis meses. Según explicó Ortiz, durante ese período los deudores podrán intentar ponerse al día, negociar alternativas o reestructurar sus obligaciones con los acreedores.
Ortiz consideró que la problemática debe analizarse teniendo en cuenta el contexto económico y social que atraviesan las familias. En ese sentido, sostuvo que muchas de las personas que actualmente tienen deudas no se endeudaron para adquirir bienes de lujo, sino para afrontar necesidades básicas o generar ingresos.
Como ejemplo, mencionó a trabajadores que perdieron sus empleos en el sector industrial y utilizaron sus indemnizaciones para adquirir un vehículo con el objetivo de realizar tareas de delivery, o para comprar maquinaria con la intención de iniciar un emprendimiento.
“Las deudas hoy en la gente y también en La Rioja son deudas por alimentos, son deudas por servicios, son deudas básicamente para poder sobrevivir”, afirmó.
La diputada sostuvo además que el objetivo de la medida es evitar que las familias pierdan herramientas fundamentales para generar ingresos, como vehículos o maquinaria.
Durante la entrevista, Ortiz también cuestionó las condiciones de acceso al crédito y el crecimiento de las deudas vinculadas con tarjetas de crédito y billeteras virtuales.
Según planteó, una parte importante del endeudamiento familiar está relacionada con la necesidad de financiar gastos cotidianos, incluso la compra de alimentos, y alertó sobre las elevadas tasas de interés aplicadas en determinados productos financieros.
En ese contexto, pidió poner en discusión las situaciones que puedan constituir usura y recordó que se trata de una figura contemplada por la legislación penal.
La legisladora también señaló que existen proyectos en el Congreso de la Nación vinculados con el endeudamiento, la morosidad, las tasas de interés y las condiciones de los créditos, aunque cuestionó que esas iniciativas no hayan avanzado en su tratamiento.
La diputada remarcó que el escenario de endeudamiento no constituye una problemática exclusiva de la provincia y mencionó cifras según las cuales alrededor de 20 millones de argentinos tienen algún tipo de deuda, mientras que unos 6 millones se encontrarían en situación de mora.
De acuerdo con los datos citados por Ortiz durante la entrevista, dentro de ese universo habría alrededor de 3 millones de personas consideradas deudoras incobrables.
La legisladora sostuvo que la situación actual presenta una diferencia respecto de otros períodos, ya que muchas personas recurren al crédito no para invertir o crecer económicamente, sino para cubrir gastos que no pueden afrontar con sus ingresos.
En ese marco, defendió la intervención del Estado provincial y señaló que la suspensión de las ejecuciones prendarias constituye una de las herramientas impulsadas para aliviar el impacto del endeudamiento sobre las familias riojanas.
Ortiz adelantó además que existen otros proyectos con estado parlamentario destinados a abordar distintas situaciones relacionadas con el endeudamiento y la morosidad, con el objetivo de generar nuevas herramientas de protección para quienes atraviesan dificultades para cumplir con sus obligaciones.
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