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Cronograma de pagos: el martes 18 comienza el pago de la quincena de agosto
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La decisión fue adoptada este viernes 14 de agosto por el juez subrogante Daniel Barría, quien dispuso sustituir el alojamiento en un establecimiento de detención por la modalidad de prisión domiciliaria, de acuerdo con lo establecido por el artículo 333 del Código Procesal Penal de La Rioja.
La resolución tuvo en cuenta, entre otros aspectos, el arraigo familiar y laboral acreditado, la ausencia de antecedentes penales computables, la colaboración de los imputados durante el proceso y la puesta a disposición del Tribunal de bienes registrables en calidad de caución real.
El magistrado consideró además que, si bien la investigación se encuentra en una etapa inicial y todavía resta incorporar prueba testimonial, los riesgos procesales pueden ser neutralizados mediante una medida cautelar menos gravosa que la detención en un establecimiento penitenciario.
La prisión domiciliaria deberá cumplirse en los domicilios informados por los imputados y estará acompañada por una serie de reglas de conducta.
Entre ellas, se estableció la prohibición de abandonar o cambiar el domicilio sin autorización judicial previa y por escrito.
También se dispuso la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con los testigos de la causa, la víctima, querellantes o familiares de la víctima. La restricción alcanza comunicaciones presenciales, telefónicas, por correo electrónico, redes sociales y otras plataformas digitales, tanto de manera directa como a través de terceras personas.
El control del cumplimiento de la medida estará a cargo del personal policial de las jurisdicciones correspondientes, que deberá realizar rondas periódicas de constatación y comunicar al Tribunal cualquier irregularidad.
El incumplimiento injustificado de las condiciones impuestas podría constituir el delito de desobediencia a la autoridad y derivar en la revocación de la prisión domiciliaria y el reingreso de los imputados a un establecimiento de detención.
En una resolución separada, también dictada el 14 de agosto, el Juzgado dispuso la reserva de las actuaciones vinculadas con la investigación.
La decisión se fundamentó en que, según señaló el tribunal, se produjo una mediatización del caso que podría resultar perjudicial para el avance y esclarecimiento de la investigación.
Por este motivo, las partes intervinientes fueron notificadas de que deberán abstenerse de divulgar o proporcionar a terceros ajenos al proceso información relacionada con las diligencias procesales realizadas o aquellas que se desarrollen en adelante.
La reserva permanecerá vigente hasta la conclusión de la investigación, conforme a lo establecido por el artículo 214 del Código Procesal Penal de La Rioja.
Mientras avanza la investigación, el Juzgado dispuso continuar con la recepción de prueba testimonial y fijó audiencias para la próxima semana, en las que declararán dos personas convocadas en calidad de testigos.
La causa continúa en etapa de investigación y, de acuerdo con la resolución judicial, las medidas adoptadas buscan garantizar la producción de las pruebas pendientes y preservar el normal desarrollo del proceso.
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