Crece la preocupación por la quita de subsidios al transporte para personas con discapacidad, trasplantadas y pacientes oncológicos

La secretaria de Inclusión y Desarrollo Social de La Rioja, Lucía Díaz Chavaza, expresó su preocupación por la decisión del Gobierno nacional de eliminar los subsidios que permitían garantizar pasajes gratuitos para personas con discapacidad, pacientes oncológicos y personas trasplantadas.

Según explicó la funcionaria, la medida impacta de manera directa en miles de familias que utilizaban este beneficio para trasladarse a distintos puntos del país por motivos de salud, controles médicos o trámites vinculados a certificados y tratamientos.

“La lectura de todo esto es dolorosa porque nuevamente vemos cómo los sectores más vulnerables son los que sufren el ajuste y el abandono del Gobierno nacional”, sostuvo.

Díaz Chavaza señaló que las empresas de transporte de larga distancia dejaron de percibir desde noviembre de 2024 las compensaciones económicas que financiaban estos traslados, situación que generó dificultades para sostener el servicio gratuito establecido por ley.

En ese sentido, indicó que la demanda termina recayendo sobre las provincias, aunque aclaró que el transporte de larga distancia es una responsabilidad que históricamente estuvo a cargo del Estado nacional.

La funcionaria remarcó que la situación genera serios inconvenientes para quienes deben viajar periódicamente por razones médicas, especialmente en casos de tratamientos oncológicos, controles posteriores a trasplantes o renovación de documentación vinculada a la discapacidad.

Además, cuestionó la creciente burocratización de los trámites y advirtió que muchas personas enfrentan dificultades para gestionar beneficios de manera virtual debido a la falta de conectividad, dispositivos electrónicos o barreras de accesibilidad.

Desde la Secretaría de Inclusión indicaron que continúan brindando asesoramiento y acompañamiento a través del Consejo Provincial para Personas con Discapacidad y de la oficina ubicada en la Terminal de Ómnibus de la Capital, donde se reciben consultas y reclamos vinculados a la problemática.

Finalmente, Díaz Chavaza consideró que el Estado nacional no debería desligarse de estas obligaciones y recordó que existen presentaciones judiciales para exigir el cumplimiento de los pagos adeudados a las empresas de transporte. “Son derechos que no deberían tener que reclamarse en la Justicia”, concluyó.