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Desde el 2006 que no había un solo acto de todos los organismos que convocan a la manifestación. La situación judicial, con juicios en marcha y la mayor parte de los implicados, en prisión domiciliaria.
Las organizaciones de derechos humanos marchan este lunes 24 de marzo para conmemorar el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, a 49 años del último golpe cívico-militar que tuvo el país y en medio de un conflicto latente con el gobierno nacional, abiertamente en contra de todas las actividades vinculadas con los derechos humanos.
En ese sentido, por primera vez en 19 años, habrá un acto unificado de los organismos que suelen marchar y congregarse en Plaza de Mayo. Allí, cerca de las 16:30, Estela de Carlotto, Taty Almeida y Adolfo Perez Esquivel leerán un documento consensuado.
Las entidades que convocan son Abuelas de Plaza de Mayo; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; H.I.J.O.S.; Encuentro Memoria, Verdad y Justicia; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Asociación de Exdetenidos Desaparecidos (AEDD); APDH; APDH La Matanza, Correpi; Liga Argentina por los Derechos Humanos; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, entre otros organismos.
“La memoria se pone en marcha como brújula, contra el relativismo y el negacionismo, contra el olvido, porque negar los crímenes de la dictadura es legitimar la violencia estatal”, sostuvieron desde Abuelas, en clara referencia a la postura que mantiene el gobierno nacional.
Panorama judicial complejo
A 49 años del golpe de estado, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que están llevándose a cabo 14 juicios y, de acuerdo con lo informado, 63 causas de las diferentes jurisdicciones federales se encuentran elevadas a juicio para tratarse en un debate. En tanto, en la fase de instrucción tramitan todavía 258 causas, con el riesgo que eso conlleva por el paso del tiempo.
En relación con la situación de las personas imputadas por delitos de lesa humanidad, solo 615 se encuentran detenidas, 1.489 están libres y 33 están prófugas. Desde la fiscalía especializada explicaron que la evolución anual de estas variables refleja que a partir de 2016 “la cifra de las personas en libertad empieza a superar —y se aleja año a año— a la de las personas sujetas a una medida de coerción”.
Si bien desde el oficialismo (especialmente la vicepresidenta Victoria Villarruel) han hecho campaña con la cantidad de presos por delitos de lesa en cárceles comunes, lo cierto es que ese número es ínfimo.
Según el informe, de las 615 personas privadas de su libertad, 498 gozan del beneficio del arresto domiciliario. Solo 61 transitan su detención en unidades penitenciarias y las otras 56 se encuentran alojadas en la Unidad Penitenciaria N°34 del Servicio Penitenciario Federal, o sea en Campo de Mayo, un enclave militar.
Data Clave
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